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Sobre el real decreto de primaria

Tras ocho años desde el real decreto anterior, y con una nueva ley de educación por medio, la LOMLOE, se ha publicado recientemente un nuevo real decreto sobre Ordenación y enseñanzas mínimas en primaria.

Su implantación será en el curso 2022/23 (para 1.º, 3.º y 5.º de primaria) y en el curso 2023/24 (para 2.º, 4.º y 6.º de primaria).

Se constata la transformación del sistema educativo español hacia una educación basada en competencias, de acuerdo con lo establecido por la Unión Europea y por la UNESCO. Así, se profundiza en el desarrollo de una neolengua competencial: perfil de salida, descriptores operativos, competencias específicas, saberes básicos, situación de aprendizaje… Y se implanta una nueva competencia: la competencia plurilingüe. ¿Conllevará esto más recursos para docentes especialistas en idiomas, o menores ratios para trabajar los idiomas, especialmente la expresión oral, en las condiciones óptimas? También desaparece cualquier mención a las calificaciones numéricas, que, en la normativa anterior, acompañaban a los términos “Insuficiente”, “suficiente”, “bien”, “notable” y “sobresaliente”.

Pruebas de diagnóstico

Desafortunadamente, diversos aspectos negativos de la normativa anterior se mantienen. Nuevamente encontramos la evaluación de diagnóstico, que se aplicará en cuarto curso. «Esta evaluación, que será responsabilidad de las administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias o tutores legales y para el conjunto de la comunidad educativa» ¿Cuál será el coste público de estas pruebas? Recordemos el gran despilfarro de hace ya unos años con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa -AGAEVE- mientras se recortaba sin piedad en Educación. Nos tememos que sea un nuevo gasto de recursos públicos que solo sirva para hacer un ranking de centros en función de los resultados de las pruebas.

Educación en Valores Vs. Religión

Tampoco se ha apostado por la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que únicamente se impartirá en el tercer ciclo, con un exiguo total de 50 horas. Mientras tanto, la asignatura de Religión tendrá 70 horas por curso (420 horas en toda la primaria). Esta carga horaria supondrá un aumento respecto a las horas de Religión que actualmente se imparten en primaria en Andalucía.

Atención a la diversidad

Finalmente, en cuanto a atención a la diversidad, la lectura de este real decreto es decepcionante. En el artículo 6 se habla de una especial atención a la orientación educativa. ¿Se seguirá contando con el mismo número de profesionales? Orientadores/as que, en el caso de Andalucía, atienden hasta 12 centros educativos (ya que no hay normativa que regule estas ratios) y que no están a tiempo completo en las escuelas. ¿Cómo se puede llevar el seguimiento del alumnado acudiendo al centro “al menos un día a la semana”? De esta forma NO se puede ofrecer una orientación educativa de calidad y garantizar el derecho a esta en igualdad de oportunidades. Exigimos un orientador/a por CEIP para poder desarrollar las funciones correctamente y poder hacer frente a la inclusión educativa de manera real.

La atención al NEAE y NEE (artículos 16,17 y 18) se enfocan en evitar la permanencia en el mismo curso. Se hace hincapié en los procesos metodológicos y alcance de competencias. Esto conlleva un cambio metodológico: trabajo por proyectos, metodología activa y manipulativa, aulas DUA. Pero entonces, ¿seguiremos teniendo especialistas AL compartidas por varios centros? ¿O especialistas PT y AL con ratios elevadas sin tiempo de desarrollar esta metodología que requiere una atención más individualizada? ¿Se ofrecerá una formación de calidad, no solo a especialistas, sino a todo el personal docente de primaria sobre estas metodologías y aulas DUA? Se trata de reivindicaciones por las que nuestro sindicato, junto con multitud de plataformas como AL Andalucía en acción o Plataforma NEAE, llevamos años luchando.

Además, según este real decreto, “con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españolas.” ¿Esto se aplicará en todos los centros o será únicamente en los centros preferentes de sordos donde ya figura este perfil? ¿Quiénes podrán acceder a desempeñar esta función? ¿Se reconocerá por fin como categoría profesional la Mediación Comunicativa? ¿Se  publicarán convocatorias para la contratación de Personal Técnico en Mediación Comunicativa?

En definitiva: con respecto a la atención a la diversidad, esta normativa no refleja nada nuevo. Todo está creado, pero infradotado o ausente. Hay personal docente y de apoyo (PT, AL, PTIS, ILSE…) pero cada vez más precarizado. Este derecho que se les reconoce por ley a este alumnado no se hace efectivo en la realidad cuando no se ponen recursos materiales y humanos a su disposición. 

Con más dudas que certezas y con bastante escepticismo, quedamos a la espera de su concreción a nivel autonómico y continuamos con nuestra exigencia de que haya más profesorado para alumnado NEAE de manera permanente en cada centro.

 

Nadia Bouadi Barco
Secretaría de Comunicación de FASE CGT

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