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CGT denuncia el intento de privatización de los servicios públicos en materia de medio ambiente en Andalucía y anuncia movilizaciones.

CGT, La seccion sindical mayoritaria de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, rechaza los diagnosticos y recomendaciones realizados en la auditoria externa de los entes instrumentales de Junta de Andalucia. En el caso de la auditoria de AMAYA destacan el escaso rigor tecnico del trabajo llevado a cabo y el sesgo ideologico de un proceso, que ademas ha sido encargado a una empresa condenada por fraude a la Hacienda, por mala praxis y por estar involucrada en la financiacion ilegal del Partido Popular en Madrid.

La seccion sindical en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) rechaza los diagnosticos, conclusiones y propuestas planteadas en los informes de auditoria de los entes instrumentales andaluces. Desde la seccion sindical mayoritaria de AMAYA se acusa al ejecutivo andaluz de intentar esconderse en un “supuesto” informe tecnico, que parte de la premisa ideologica de que los servicios publicos son mas eficientes cuando son realizados por empresas privadas en vez de por trabajadores publicos, de que los derechos laborales basicos son problemas empresariales y de que la proteccion del medio ambiente andaluz no es una necesidad estrategica para el desarrollo social y economico de la Comunidad Autonoma. Fuentes del sindicato resaltan la indignacion y preocupacion que ha levantado en la plantilla de AMAYA el informe realizado por Pricewaterhouse Coopers (PwC) sobre el ente publico.

En primer lugar destacan que el informe en ningun caso entra a valorar la importancia de la proteccion del patrimonio natural en el desarrollo sostenible de Andalucia y se preguntan donde ha quedado la denominada “Revolucion verde de Andalucia” pregonada por el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Para CGT, un informe de estas caracteristicas debe empezar por evaluar la importancia del mantenimiento de las actividades que realizan los trabajadores publicos andaluces y senalan que resulta grave y preocupante el desinteres y desprecio del ejecutivo andaluz por las personas que velan por la proteccion del medio ambiente y los montes de la Comunidad Autonoma.

En segundo lugar ponen de relevancia la falta de rigor tecnico de una auditoria, que aun costando millones de euros, reconoce de entrada que ha auditado poco mas del 70% de las actividades del ente publico, para concluir que los grandes problemas del ente publico, son la duplicidad de algunas funciones, la edad media de INFOCA, la presencia de trabajadores en segunda actividad, el aumento de los salarios y las compensaciones de horas generadas por el trabajo realizado en la extincion de incendios forestales.

Sobre la duplicidad de funciones indican que el informe auditor hace referencias genericas a algunas actividades sin concretar donde se producen exactamente estas duplicidades y que si dichas duplicidades se producen son consecuencia de que la Consejeria no es capaz de abordar las competencias que tiene encomendadas sin el apoyo de los trabajos llevados a cabo en AMAYA.

Sobre la edad media de la plantilla, CGT destaca que el envejecimiento del dispositivo INFOCA es solo consecuencia del bloqueo, durante anos y anos, de la entrada de nuevas trabajadoras y trabajadoras. En este sentido senalan que durante casi 10 anos la tasa de reposicion de la plantilla de AMAYA fue de cero, pese a lo cual, el informe auditor parece senalar como culpables de este envejecimiento a la propia plantilla del ente publico. Segun Javier Sanchez, Secretario General de CGT AMAYA, la Agencia e INFOCA son reconocidos a nivel mundial por su buen hacer y su profesionalidad, hasta el punto en el que los politicos de ejecutivo andaluz, no dudan en intentar sacar, a la minima oportunidad, redito politico del trabajo realizado en AMAYA. En palabras de Sanchez, al minimo incendio tenemos a 10 politicos con la medalla de que gracias a ellos se han salvado vidas y propiedades en un incendio forestal, se ha intervenido a tiempo en cualquier otro tipo de emergencia, o se ha dado un paso mas en la conservacion del medio ambiente.

Sobre la existencia de trabajadores en segunda actividad, CGT manifiesta que la situacion es resultado de que aun no se haya aprobado el Estatuto de los Bomberos Forestales a nivel estatal. Segun el sindicato el trabajo en primera linea de fuego es extraordinariamente duro y requiere unas condiciones fisicas exigentes, senala que tener trabajadores de mas de 55 y 60 anos sin posibilidad de jubilarse porque no disponen de un Estatuto especifico que reconozca el riesgo y la penosidad del trabajo que realizan, hace que haya personas que tiene que pasar a realizar otras actividades, dentro y fuera del dispositivo. Sobre las recomendaciones planteadas al respecto por la auditoria realizada, CGT las califica como aberrantes. Segun su Secretario General, plantear el despido objetivo para las personas en segunda actividad o el apostar por el modelo de privatizacion de funciones de AMAYA o de INFOCA por esta razon, solo demuestra el objetivo e interes de una auditoria puramente ideologica, que parte de la premisa de que los servicios publicos, por muy necesarios que sean, no deben ser realizados por trabajadores publicos.

Sobre los titulares que ha destacado el ejecutivo andaluz en lo referente a los salarios y la subida salarial en AMAYA, CGT destaca que el periodo de tiempo empleado para extraer estas conclusiones es un ejemplo claro de la mala intencion y el afan por tergiversar del Gobierno andaluz. Segun Javier Sanchez, la eleccion para el analisis del periodo 2015-2019 es una clara manipulacion, dado que coincide con la aplicacion de los acuerdos para la recuperacion salarial de los empleados publicos aprobada por Montoro durante el Gobierno de Rajoy. En palabras de Sanchez, haber cogido cualquier otro periodo de tiempo hubiera demostrado, por ejemplo, que AMAYA sufrio la congelacion efectiva de los salarios de su plantilla entre el ano 2009 y el ano 2015. En esta misma linea, reta al ejecutivo andaluz a publicar la diferencia salarial entre cualquier categoria profesional de AMAYA y al salario que cobra por la realizacion de funciones equivalentes cualquier cargo de la Junta de Andalucia. Desde CGT se senala que el salario de cualquier empleado publico de AMAYA es notablemente inferior al que cobra cualquier perfil laboral de la Junta de Andalucia y que por ejemplo, en AMAYA ni siquiera se abona la antiguedad en el ente publico, lo que supone otro agravio significativo frente al resto de trabajadores pubicos andaluces.

En lo referente a los “problemas” derivados de la compensacion y los permisos generados por los trabajadores de INFOCA por el trabajo realizado durante la campana de extincion, que segun el informe devienen en bajo rendimiento de los trabajos preventivos en medio y bajo riesgo, CGT considera este diagnostico como una evidencia del escaso respeto del gobierno andaluz por los derechos laborales basicos de las trabajadoras y trabajadores. En palabras de su Secretario General, calificar la compensacion de horas o el uso de permisos que no se conceden en periodo de maximo riesgo como absentismo laboral, es una absoluta manipulacion, que demuestra cual es la intencion real del gobierno andaluz. Segun el sindicato, si los trabajos preventivos se resienten es porque el dispositivo se encuentra fuertemente mermado fuera del periodo de alto riesgo, porque los politicos consideran que no es necesaria su cobertura al 100% durante todo el ano, otra demanda historica de la representacion de los trabajadores del ente publico.

La valoracion general que realiza el sindicato sobre el informe de auditoria realizado, es que dicho informe supone un ataque frontal a AMAYA y al colectivo INFOCA, cuya unica intencion es escudar en un informe tecnico, claramente ideologico y de escaso rigor, la aplicacion de su modelo para los servicios publicos en Andalucia. Segun CGT, tanto AMAYA como INFOCA llevan anos sufriendo un proceso encubierto de desmantelamiento, del que ahora incluso quieren responsabilizar a la plantilla, que se pretende culminar con la privatizacion de las actividades que presta el ente publico. En palabras de Javier Sanchez, no se trata de una cuestion de eficacia y eficiencia, como lo quieren vender a la opinion publica, es una cuestion de interes por aplicacion de un modelo que ya ha sido llevado a cabo, con muy escaso exito, en otras Comunidades Autonomas. Se trata del modelo de repartir los beneficios de los servicios publicos entre sus amiguetes, que luego ya sabran recompensar adecuadamente.

A este respecto, CGT se pregunta si para alcanzar este nivel de diagnostico esta justificado el gasto de millones y millones de euros en consultoras y auditorias afines. En opinion del sindicato, resulta grave y preocupante que el expediente de contratacion para la auditoria de los entes publicos instrumentales de la Junta de Andalucia haya sido encargado a Pricewaterhouse Coopers (PwC), una empresa que ha sido acusada mas de una vez de defraudar a la Hacienda Publica y cuyos principales directivos fueron encausados por por la fiscalia anticorrupcion. Sobre esta cuestion, CGT indica que, en el ano 2012, el Tribunal Supremo condeno a PwC a pagar mas de 20 millones al Grupo Torras por una auditoria defectuosa que no reflejo con fidelidad las cuentas de la sociedad. En el ano 2016, tuvo que pagar 37 millones de euros para evitar la carcel de su expresidente y otros tres exdirectivos, acusados de fraude a la Hacienda Publica, mientras que, en el ano 2017, un juez acredito que PwC se lucro de un contrato fantasma a cambio de contribuir a la financiacion del PP en la Comunidad de Madrid.

Por ultimo, CGT anuncia, que, a la vista de los resultados y propuestas del informe, no descarta la convocatoria de movilizaciones por la defensa de la indiscutible funcion de servicio publico que realizan AMAYA e INFOCA. Segun fuentes del sindicato, la plantilla del ente publico y el colectivo INFOCA no van a quedarse de brazos cruzados mientras se proponen disparates como el despido objetivo por no aptitud de trabajadoras y trabajadores que se han dejado la piel durante decadas de servicio publico, o se discute continuar con el desmantelamiento de la plantilla mediante la externalizacion y privatizacion de servicios publicos. En palabras de Javier Sanchez, para privatizar AMAYA e INFOCA van a tener que pasar por encima de nosotros en la calle, en el parlamento, en el monte, o donde quiera que sea que pretendan hacerlo.

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