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CGT denuncia el intento de privatización de los servicios públicos en materia de medio ambiente en Andalucía y anuncia movilizaciones.

CGT, La sección sindical mayoritaria de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, rechaza los diagnósticos y recomendaciones realizados en la auditoría externa de los entes instrumentales de Junta de Andalucía. En el caso de la auditoría de AMAYA destacan el escaso rigor técnico del trabajo llevado a cabo y el sesgo ideológico de un proceso, que además ha sido encargado a una empresa condenada por fraude a la Hacienda, por mala praxis y por estar involucrada en la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid.

La sección sindical en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) rechaza los diagnósticos, conclusiones y propuestas planteadas en los informes de auditoría de los entes instrumentales andaluces. Desde la sección sindical mayoritaria de AMAYA se acusa al ejecutivo andaluz de intentar esconderse en un “supuesto” informe técnico, que parte de la premisa ideológica de que los servicios públicos son más eficientes cuando son realizados por empresas privadas en vez de por trabajadores públicos, de que los derechos laborales básicos son problemas empresariales y de que la protección del medio ambiente andaluz no es una necesidad estratégica para el desarrollo social y económico de la Comunidad Autónoma. Fuentes del sindicato resaltan la indignación y preocupación que ha levantado en la plantilla de AMAYA el informe realizado por Pricewaterhouse Coopers (PwC) sobre el ente público.

En primer lugar destacan que el informe en ningún caso entra a valorar la importancia de la protección del patrimonio natural en el desarrollo sostenible de Andalucía y se preguntan dónde ha quedado la denominada “Revolución verde de Andalucía” pregonada por el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Para CGT, un informe de estas características debe empezar por evaluar la importancia del mantenimiento de las actividades que realizan los trabajadores públicos andaluces y señalan que resulta grave y preocupante el desinterés y desprecio del ejecutivo andaluz por las personas que velan por la protección del medio ambiente y los montes de la Comunidad Autónoma.

En segundo lugar ponen de relevancia la falta de rigor técnico de una auditoría, que aun costando millones de euros, reconoce de entrada que ha auditado poco más del 70% de las actividades del ente público, para concluir que los grandes problemas del ente público, son la duplicidad de algunas funciones, la edad media de INFOCA, la presencia de trabajadores en segunda actividad, el aumento de los salarios y las compensaciones de horas generadas por el trabajo realizado en la extinción de incendios forestales.

Sobre la duplicidad de funciones indican que el informe auditor hace referencias genéricas a algunas actividades sin concretar donde se producen exactamente éstas duplicidades y que si dichas duplicidades se producen son consecuencia de que la Consejería no es capaz de abordar las competencias que tiene encomendadas sin el apoyo de los trabajos llevados a cabo en AMAYA.

Sobre la edad media de la plantilla, CGT destaca que el envejecimiento del dispositivo INFOCA es sólo consecuencia del bloqueo, durante años y años, de la entrada de nuevas trabajadoras y trabajadoras. En este sentido señalan que durante casi 10 años la tasa de reposición de la plantilla de AMAYA fue de cero, pese a lo cual, el informe auditor parece señalar como culpables de este envejecimiento a la propia plantilla del ente público. Según Javier Sánchez, Secretario General de CGT AMAYA, la Agencia e INFOCA son reconocidos a nivel mundial por su buen hacer y su profesionalidad, hasta el punto en el que los políticos de ejecutivo andaluz, no dudan en intentar sacar, a la mínima oportunidad, rédito político del trabajo realizado en AMAYA. En palabras de Sánchez, al mínimo incendio tenemos a 10 políticos con la medalla de que gracias a ellos se han salvado vidas y propiedades en un incendio forestal, se ha intervenido a tiempo en cualquier otro tipo de emergencia, o se ha dado un paso más en la conservación del medio ambiente.

Sobre la existencia de trabajadores en segunda actividad, CGT manifiesta que la situación es resultado de que aún no se haya aprobado el Estatuto de los Bomberos Forestales a nivel estatal. Según el sindicato el trabajo en primera línea de fuego es extraordinariamente duro y requiere unas condiciones físicas exigentes, señala que tener trabajadores de más de 55 y 60 años sin posibilidad de jubilarse porque no disponen de un Estatuto específico que reconozca el riesgo y la penosidad del trabajo que realizan, hace que haya personas que tiene que pasar a realizar otras actividades, dentro y fuera del dispositivo. Sobre las recomendaciones planteadas al respecto por la auditoría realizada, CGT las califica como aberrantes. Según su Secretario General, plantear el despido objetivo para las personas en segunda actividad o el apostar por el modelo de privatización de funciones de AMAYA o de INFOCA por esta razón, sólo demuestra el objetivo e interés de una auditoría puramente ideológica, que parte de la premisa de que los servicios públicos, por muy necesarios que sean, no deben ser realizados por trabajadores públicos.

Sobre los titulares que ha destacado el ejecutivo andaluz en lo referente a los salarios y la subida salarial en AMAYA, CGT destaca que el periodo de tiempo empleado para extraer estas conclusiones es un ejemplo claro de la mala intención y el afán por tergiversar del Gobierno andaluz. Según Javier Sánchez, la elección para el análisis del periodo 2015-2019 es una clara manipulación, dado que coincide con la aplicación de los acuerdos para la recuperación salarial de los empleados públicos aprobada por Montoro durante el Gobierno de Rajoy. En palabras de Sánchez, haber cogido cualquier otro periodo de tiempo hubiera demostrado, por ejemplo, que AMAYA sufrió la congelación efectiva de los salarios de su plantilla entre el año 2009 y el año 2015. En esta misma línea, reta al ejecutivo andaluz a publicar la diferencia salarial entre cualquier categoría profesional de AMAYA y al salario que cobra por la realización de funciones equivalentes cualquier cargo de la Junta de Andalucía. Desde CGT se señala que el salario de cualquier empleado público de AMAYA es notablemente inferior al que cobra cualquier perfil laboral de la Junta de Andalucía y que por ejemplo, en AMAYA ni siquiera se abona la antigüedad en el ente público, lo que supone otro agravio significativo frente al resto de trabajadores púbicos andaluces.

En lo referente a los “problemas” derivados de la compensación y los permisos generados por los trabajadores de INFOCA por el trabajo realizado durante la campaña de extinción, que según el informe devienen en bajo rendimiento de los trabajos preventivos en medio y bajo riesgo, CGT considera este diagnóstico como una evidencia del escaso respeto del gobierno andaluz por los derechos laborales básicos de las trabajadoras y trabajadores. En palabras de su Secretario General, calificar la compensación de horas o el uso de permisos que no se conceden en periodo de máximo riesgo como absentismo laboral, es una absoluta manipulación, que demuestra cual es la intención real del gobierno andaluz. Según el sindicato, si los trabajos preventivos se resienten es porque el dispositivo se encuentra fuertemente mermado fuera del periodo de alto riesgo, porque los políticos consideran que no es necesaria su cobertura al 100% durante todo el año, otra demanda histórica de la representación de los trabajadores del ente público.

La valoración general que realiza el sindicato sobre el informe de auditoría realizado, es que dicho informe supone un ataque frontal a AMAYA y al colectivo INFOCA, cuya única intención es escudar en un informe técnico, claramente ideológico y de escaso rigor, la aplicación de su modelo para los servicios públicos en Andalucía. Según CGT, tanto AMAYA como INFOCA llevan años sufriendo un proceso encubierto de desmantelamiento, del que ahora incluso quieren responsabilizar a la plantilla, que se pretende culminar con la privatización de las actividades que presta el ente público. En palabras de Javier Sánchez, no se trata de una cuestión de eficacia y eficiencia, como lo quieren vender a la opinión pública, es una cuestión de interés por aplicación de un modelo que ya ha sido llevado a cabo, con muy escaso éxito, en otras Comunidades Autónomas. Se trata del modelo de repartir los beneficios de los servicios públicos entre sus amiguetes, que luego ya sabrán recompensar adecuadamente.

A este respecto, CGT se pregunta si para alcanzar este nivel de diagnóstico está justificado el gasto de millones y millones de euros en consultoras y auditorías afines. En opinión del sindicato, resulta grave y preocupante que el expediente de contratación para la auditoría de los entes públicos instrumentales de la Junta de Andalucía haya sido encargado a Pricewaterhouse Coopers (PwC), una empresa que ha sido acusada más de una vez de defraudar a la Hacienda Pública y cuyos principales directivos fueron encausados por por la fiscalía anticorrupción. Sobre esta cuestión, CGT indica que, en el año 2012, el Tribunal Supremo condenó a PwC a pagar más de 20 millones al Grupo Torras por una auditoría defectuosa que no reflejó con fidelidad las cuentas de la sociedad. En el año 2016, tuvo que pagar 37 millones de euros para evitar la cárcel de su expresidente y otros tres exdirectivos, acusados de fraude a la Hacienda Pública, mientras que, en el año 2017, un juez acreditó que PwC se lucró de un contrato fantasma a cambio de contribuir a la financiación del PP en la Comunidad de Madrid.

Por último, CGT anuncia, que, a la vista de los resultados y propuestas del informe, no descarta la convocatoria de movilizaciones por la defensa de la indiscutible función de servicio público que realizan AMAYA e INFOCA. Según fuentes del sindicato, la plantilla del ente público y el colectivo INFOCA no van a quedarse de brazos cruzados mientras se proponen disparates como el despido objetivo por no aptitud de trabajadoras y trabajadores que se han dejado la piel durante décadas de servicio público, o se discute continuar con el desmantelamiento de la plantilla mediante la externalización y privatización de servicios públicos. En palabras de Javier Sánchez, para privatizar AMAYA e INFOCA van a tener que pasar por encima de nosotros en la calle, en el parlamento, en el monte, o donde quiera que sea que pretendan hacerlo.

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