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El Senado decide mañana día 22, si por fin podrán inscribirse en el registro civil a miles de fusilados por el franquismo.

Algunos historiadores e investigadores situan la cifra de estos desaparecidos (fisica y legalmente) entre 40.000 y 70.000. Se trata de aquellos que no consta su muerte en ningun Registro Civil.

El caso, por ejemplo del que fue Alcalde de Dos Hermanas, Antonio Munoz Benitez, es aun mas dificil pues no tiene familia (la unica que puede hacerlo, hasta ahora) que solicite su inscripcion, de ahi la necesidad de que los Ayuntamientos puedan actuar.


La Comision de Justicia del Senado aprobo, en su sesion de la semana pasada, la enmienda propuesta por el Grupo Socialista.

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El regimen impidio de hecho las inscripciones entre agosto del 36 y febrero del 37, le siguio "las recomendaciones pertinentes" o las sugerencias para el cambio de las "causas de la muerte", pero sobre todo actuaba el miedo, que por si era poco en aquellos de la inmediata posguerra, en el texto de la ley del 1957 y su Reglamento del 1958 no aporto nada nuevo en el orden de "igualar a las victimas". Hasta finales de los anos 70 y principio de los 80 --con la UCD- no comenzaron las inscripciones de forma masiva (Decreto de indemnizaciones a las familias) para volver a decaer de forma importante a mediados de los 80. Hoy, a los 75 anos de que comenzaran estas practicas de ocultamiento de los asesinatos, la situacion es aun muy grave, pues los juzgados siguen exigiendo la "presencia" de testigos directos de los fusilamientos, una importante cantidad economica (entre los 3.000 y 6.000 Euros) y mucha paciencia (algunos casos comenzaron en el 2008 y aun hoy no estan resueltas. Maria Silva Cruz "Libertaria") y un alto porcentaje de Recursos sepierden.

Hace mas de dos anos diversas asociaciones y entidades comenzaron la campana publica "todas las victimas del franquismo en los registros civiles" para sensibilizar a la clase politica y posibilitar el cambio en la Ley, recogiendo apoyos (mas de 900) personales, de entidades e instituciones: Los ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, Alcala de Guadaira, La Cabezas de San Juan, Herrera, Los Corrales, Martin de la Jara, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, Lebrija, Santiponce y Valencina de la Concepcion en Sevilla.Alcala de los Gazules, Conil, Prado del Rey y San Jose del Valle, en Cadiz. Almonte en Huelva. Granada capital y las Diputaciones: Sevilla, Cadiz y Cordoba) para que se modificara la Ley. Se han mantenido reuniones con grupos parlamentarios y con el Ministerio de Justicia, al mas alto nivel.

No se logro introducir ninguna de nuestras sugerencias en el texto del borrador de la Ley elaborado por el Gobierno, ni tampoco que en los debates del Congreso de los Diputados se admitieron modificaciones de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, ni de ERC.

Ahora, segun nos ha comunicado directamente el gabinete del Ministro, el grupo socialista del Senado "recoge" nuestras sugerencias, mediante la elaboracion de una disposicion adicional "...{apostando por el procedimiento del expediente administrativo} ... {para obtener la declaracion judicial de fallecimiento "}. Todo ello, tras la modificacion de la Ley, atenuara el rigor de la prueba de fallecimiento (Convenio no 10 de la Comision Internacional del estado Civil, de 14 de Septiembre de 1996). Aunque el "texto" deja muchas puertas a la interpretacion, no vemos, claramente, que los Ayuntamientos puedan solicitar la inscripcion de sus vecinos (con o sin familia), o se anime a los jueces y fiscales a "actuar de oficio".

Es interesante saber que aunque la Ley, en su conjunto, {no entrara en vigor hasta pasado tres anos de su publicacion,} en el caso de los {"desaparecidos del franquismo" sera a partir del dia siguiente de su publicacion}.

Esta organizacion y las entidades y asociaciones que han venido planteando esta cuestionesperan coherencia, al menos de los senadores y senadoras (socialistas y populares) que ya han apoyado, con su voto, estas modificaciones en los Ayuntamientos y Diputaciones andaluzas. Ahora solo falta que el Pleno del Senado de el apoyo a la enmienda para su puesta en marcha rapidamente.



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