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Para CGT la carga del ministro Gabilondo contra las convocatorias de oposiciones es una nueva agresión a la Educación Pública

El personal interino es aproximadamente del 10 % en la plantilla de Educación Infantil y Primaria en Andalucía. El 3% de esa misma plantilla se jubila este curso con lo cual el porcentaje se incrementara para el curso 2011 - 2012

La administración educativa nos oculta todos estos datos de plantilla porque sabe que ya se supera con creces la Directiva de la UE de que el personal interino en la administración no puede ser superior al 8%.

CGT exige a la Consejería de Educación que mantenga la convocatoria de oposiciones frente a las pretensiones del ministerio de educación.

El daño para la educación es grave, ya que de no producirse la reposición de los funcionarios/as que se jubilan, que es el fondo de este asunto, la merma en la prestación del servicio público se producirá exclusivamente en la educación pública, ya que a la concertada no se le aplica reducción alguna.

CGT advirtió en su momento a las personas respònsables a que procedieran a las convocatorias de oposiciones ya que de no hacerlo así, o hacerlo con un número de plazas inferior al que corresponde según la ley, se estaría conculcando un derecho del profesorado a poder obtener un puesto en los cuerpos docentes y al mismo tiempo se mermaría la atención educativa en los centros educativos públicos.

No es un tema exclusivamente de “interinos”, como algunos sindicatos plantean, ya que afecta a todo el personal que actualmente presta servicio en la educación, ya que detrás de la reducción de las plazas en las convocatorias de oposiciones, se encuentra la reducción de la tasa de reposición de puestos de trabajo en un 10%. Significa un atentando contra la dignidad del profesorado en su conjunto.

CGT hace un llamamiento a todas las organizaciones y asociaciones de docentes para que se conforme una plataforma de acción contra el deterioro de la educación pública, incluidas las condiciones laborales y salariales del personal docente en Andalucía, como paso previo a conformar un gran bloque a nivel estatal contra la política educativa y de agresiones al personal docente.

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