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El sector público de Granada irá a la huelga el 28 de mayo.

CGT convoca este paro de 24 horas por la estabilidad laboral, el aumento del empleo público y la recuperación de los servicios privatizados.

El personal público de la provincia está convocada a un paro general en todas las administraciones públicas para el día 28 de mayo. El Sector público lleva más de un año resistiendo los envites de la pandemia con los recursos que tenía, en muchos casos debilitados tras años de recortes y austeridad. En este contexto han florecido viejos problemas, como la escasez de personal público, la situación de los miles de interinos y temporales que podrían ser declarados en abuso y fraude por los tribunales, las privatizaciones que han generado deterioro en algunos servicios públicos y las condiciones laborales de los trabajadores o la escasez de presupuesto público para afrontar necesidades sociales derivadas de las consecuencias del año largo de pandemia.

Sectores como la Sanidad, la Educación o los Servicios sociales, han estado en la primera línea de la batalla contra el virus, pero sin embargo, según asegura CGT en un comunicado, han sido sectores castigados por las políticas públicas de los responsables políticos que siguen sin resolver los problemas que se arrastran desde hace años. Uno de los problemas que goza de más actualidad es la excesiva temporalidad de los trabajadores públicos, que el TJUE ya castigó por ello a España y la Comisión Europea está condicionando sus ayudas para resolver este problema.

Según CGT, en Granada hablamos de más de mil personas que han ido enganchando contratos temporales o interinidades que han perdurado en el tiempo generando un fraude en la contratación que contraviene la Directiva Europea 99/70 y que tiene en el punto de mira al Gobierno español, que sigue sin solucionarlo.

Estamos hablando de trabajadores de la Sanidad o la Enseñanza pertenecientes a la Junta de Andalucía, que han pasado varios procesos selectivos con éxito y siguen cubriendo plazas estructurales con puestos temporales, o de la Diputación de Granada, de distintos Ayuntamientos como el de la capital, que acumula una gran bolsa de personas en esta situación, más de doscientas, la Universidad, el CSIC, y una larga lista de situaciones que han sobrepasado los límites legales sin que la responsabilidad sea de los trabajadores y que según Europa es inasumible y debería sancionarse a las administraciones incumplidoras.

La convocatoria tendrá el lema “Por unos Servicios Públicos dignos y estables. Por lo público, por lo común. Quienes están se quedan”, y se realizará en Granada y el resto de provincias andaluzas.

Además de pretender acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación, resolviendo la situación de miles de interinos e indefinidos no fijos en Andalucía, el sindicato CGT ha establecido dos motivos más para la huelga: la recuperación de las miles de plazas de empleo público perdidas durante los últimos años y la recuperación de los Servicios Públicos privatizados.

La organización sindical ha criticado cómo los gestores de lo público, los políticos, no han cumplido con sus obligaciones de preservar y ampliar la protección pública a la ciudadanía, ocasionando un debilitamiento de los servicios públicos que repercute en trabajadores y usuarios.

 

El 15 de mayo han convocado una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Veinte, quince, doce, son los años que llevan encadenando contratos temporales muchas personas que actualmente engrosan el casi 30 % de la tasa de temporalidad de las administraciones públicas, muy por encima de la recomendada por Europa, el 8%, e incluso por encima de la temporalidad en la empresa privada. Por eso, CGT ha convocado, junto con el SAT y Marea Verde, para el sábado 15 de mayo a las 12 horas una concentración en la Subdelegación del Gobierno, “casa”  granadina del Ministro Iceta, principal responsable de la solución legislativa de este problema, junto con el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. El sindicato exige una solución que no castigue a los miles de empleados públicos en esta situación y que sea cuanto antes y en cualquier caso, CGT pide no ofertar unas plazas que no pueden ser ofertadas, como ya ha sentenciado el TJUE, y se asegure la estabilidad laboral indefinida de estas personas.

 

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