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La Junta de Andalucía ha reconocido oficialmente que está totalmente desbordada por la gestión de los cursos de formación y que, como consecuencia de ello, no va a enviar ni un solo expediente más a la comisión de investigación del Parlamento

La Junta de Andalucia ha reconocido oficialmente que esta totalmente desbordada por la gestion de los cursos de formacion y que, como consecuencia de ello, no va a enviar ni un solo expediente mas a la comision de investigacion del Parlamento que trata de dilucidar si ha habido responsabilidades politicas en el presunto fraude. Una documentacion que han reclamado formalmente todos los grupos parlamentarios para su investigacion hace cinco meses. Asi lo ha explicado el director general de Formacion para el Empleo en un escrito remitido al presidente de esta comision, el diputado de Ciudadanos Julio Diaz. En su argumentacion, explica que se necesitarian utilizar muchos recursos para eso y que podria suponer la prescripcion de expedientes que se estan reclamando ?es ≪fisicamente imposible≫ hacerlo asegura? por lo que invita a los diputados a acudir a las sedes de la Junta a< consultar la documentacion que estimen oportuna.

Resulta paradogico que esta comunicacion se haya producido precisamente en esta semana, cuando estan compareciendo los jefes de servicio de Formacion en las diferentes provincias para dar explicaciones ante los diputados que conforman esta comision, y su principal argumento ?reiterado por todos sin excepcion? es que los controles de la administracion funcionan y no hay caos en los expedientes de concesion de las subvenciones para organizar los cursos.

Pero una cosa es lo que dicen los funcionarios intermedios al ser preguntados por los diputados comisionados en sede parlamentaria y otra muy diferente lo que alegan por escrito para no enviar la documentacion a la comision de investigacion. Asi, mientras reiteran que hay controles, que un sistema informatico hace un seguimiento a las empresas (lo detallaba el pasado martes Magdalena Carril, jefa del servicio de Analisis y Planificacion del Servicio Andaluz de Empleo en su comparecencia ante la comision), y que se verificaba que los cursos se daban realmente, en el escrito enviado a la comision, alegan todo lo contrario.

La jefa de servicio de los Programas de Empleo de la consejeria alega que tiene 56 expedientes pendientes de revisar y justificar; la de Centros, Programas Formativos y Formacion Continua, que tiene 204 expedientes; y el de Programacion de la Formacion Profesional para el Empleo, 981 expedientes pendientes de verificar y/o justificar. Los tres jefes de servicio explican tambien que los juzgados les requieren expedientes, documentos y verificaciones y que atender esas peticiones les supone mucho trabajo, por lo que no pueden cumplir con los requerimientos del Parlamento.

La secretaria general del PP andaluz, Loles Lopez, interpretaba esta comunicacion como un ≪boicot de Susana Diaz a la comision de investigacion. Ha decidido que no va a recuperar el dinero y que los andaluces no sepan que ha ocurrido≫.

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